El Boletín Oficial del Estado de 18 de enero de 2011 recogió una Resolución de las Cortes Generales, en concreto de la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, cuya trascendencia parece que no hemos valorado adecuadamente.
En esta resolución se dictaban medidas que, en base a las consideraciones de la Moción que el Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes Generales, tienen como principal finalidad evitar que pasen a ser empleados públicos por la puerta falsa los trabajadores de empresas de servicios contratadas por las Administraciones Públicas.
En esta resolución se dictaban medidas que, en base a las consideraciones de la Moción que el Tribunal de Cuentas remitió a las Cortes Generales, tienen como principal finalidad evitar que pasen a ser empleados públicos por la puerta falsa los trabajadores de empresas de servicios contratadas por las Administraciones Públicas.
Estamos, por tanto, nada menos que ante un mandato del legislador que resuelve “instar a las Administraciones Públicas” para que “determinen los servicios y funciones que pueden ser objeto de externalización” y “evitar el eventual recurso a la contratación de servicios externos para suplir la carencia de medios personales” y para que “por los órganos directivos de la función pública se continúen valorando las circunstancias concurrentes en las solicitudes de modificación de las relaciones de puestos de trabajo (…) y que para evitar incrementos de personal se incurra en contratos que encubran una cesión ilegal de mano de obra”. Al final se añade que en caso de incumplimiento “se delimiten y exijan las responsabilidades que en cada caso procedan”.
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